Antecedentes

En la Ley Orgánica Municipal aprobada en el año de 1997, en el estado de Guanajuato, apareció la figura de la justicia municipal, en donde la norma estatal establecía que los municipios deberían de contar con Juzgados Municipales para la impartición de justicia en este nivel de gobierno.

A nivel constitucional en las últimas reformas que le fueron realizadas al artículo 115, que se refiere esencialmente al Municipio, su estructura gobierno así facultades y atribuciones, en el año de 1999 se complementa dicho numeral con la adición de un inciso en su fracción segunda en donde establecen que los Ayuntamientos establecerán las bases generales de los medios de impugnación y los órganos respectivos para dirimir controversias entre la administración pública municipal y los gobernados. Por lo que el estado se adelanta 2 años a las propuestas realizadas por el legislador federal al implementar en el Estado, de manera particular y especifica las instituciones y las formas para nulificar los actos ilegales de la autoridad.

Respecto de las entidades federativas, el estado de Guanajuato ha sido el pionero al implementar medios de defensa legal en el ámbito municipal, pues esta entidad ha sido la única que ha implementado en su territorio instituciones para la defensa del gobernado, y que nuestro Municipio instituyó a partir del año 1999, cuando se implementa la figura establecida en la Ley Orgánica para dirimir las controversias suscitadas por la emanación de actos de autoridades no apegadas a derecho. Estos Juzgados han tenido evoluciones en todo el Estado pues actualmente son más de diez los Municipios que no cuentan con la institución; que viene a reforzar y formalizar el tercer poder en el ámbito municipal establecido así por las últimas reformas del artículo 115 constitucional.

El 17 de agosto del año dos mil siete el Congreso Local del Estado aprobó una codificación denominada Código de Procedimientos y Justicia administrativa para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en donde unifica para el Estado y los Municipios que lo conforman los procedimientos administrativos a seguir, requisitos de validez para el acto administrativo, pruebas en materia administrativa y por supuesto el apartado de la Justicia Administrativa. Esta nueva legislación entro en vigencia el 1° de Enero del dos mil ocho, la cual tuvo como consecuencia que en el mes de diciembre del mismo año se derogaran diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal, sobre actos procedimentales en el Recurso de Inconformidad.

A partir del 1° de Enero del dos mil ocho, el Juzgado Administrativo amplia su competencia según los propios términos establecidos en el Código y debido a ello es necesario que los Municipios asignen los recursos financieros necesarios para fortalecer el tercer poder municipal.

La Ley de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, publicada el 10 de mayo de dos mil cinco, así como la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato, entrando en vigor en el mes de agosto y abril del año dos mil cinco, son dos de las normativas que ampliaron la competencia antes referida, implementando mayores medios de defensa a particulares y a los propios Servidores Públicos cuando se vulneran sus derechos o bienes.

En el mes de diciembre del año 2008, se realizaron modificaciones a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en donde se establecieron nuevos lineamientos orgánicos y de funcionamiento para los Juzgados Administrativos, con la finalidad de que sea implementada una institución de dicha naturaleza en cada Municipio, sino en forma autónoma si asociada territorialmente.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato

Los Juzgados Administrativos Municipales somos depositarios de la función de la jurisdiccional en el municipio y que por ley estaremos dotados de plena autonomía para dictar los fallos y resoluciones así como también contamos con plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir las resoluciones emitidas, convirtiéndonos en órganos de control de legalidad en el ambiente de la Administración Municipal teniendo a nuestro cargo dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados.

Los Juzgados Administrativos no dependen del Presidente Municipal, solo por axcepción éste puede ejecutar sobre los órganos jurisdiccionales los acuerdos e instrucciones que apruebe el Ayuntamiento.

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